Nota de Tapa

Piratas del Patrimonio

Las autoridades argentinas investigan más de 30 casos de delitos contra patrimonio cultural que involucran a coleccionistas, anticuarios y al ex empresario kirchnerista. Aunque el Estado desconoce cuántos privados tienen piezas histórico artísticas o precolombinas, los registros de Interpol ubican a este país en el primer lugar de la lista de naciones con más bienes culturales robados en América Latina.

Apenas abre la puerta de una habitación pequeña y cuadrada, de paredes blancas, el comisario deja a la vista parte de un tesoro que convierte a la Argentina en una de las capitales del tráfico de patrimonio cultural en América Latina: 300 pinturas envueltas en papel de embalaje. “Son recuperaciones de robos que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires”, dice Marcelo El Haibe, jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol.

Entre 2010 y 2018, Interpol incorporó a sus registros el robo de 2.816 objetos culturales en el país. Ese grupo incluye 256 piezas que van desde cuadros y libros antiguos hasta monedas antiguas y otros objetos con valor histórico o artístico, de acuerdo con la base de datos de la entidad.

Esta cifra ubica a la Argentina en el primer lugar de los países latinoamericanos con bienes culturales robados reportados a Interpol, seguido de Perú (1.031), Ecuador (556) y Bolivia (449), y muy por delante de México (320). Estas cifras corresponden a los casos que el organismo internacional investiga a pedido de las autoridades de sus países miembros en todo el mundo.

El registro de Interpol agrupa todos los casos de hurto de bienes culturales públicos y privados investigados por el organismo internacional en las últimas cuatro décadas, específicamente desde 1980 hasta la fecha. En ese lapso, distintas instituciones del Estado y colecciones particulares han reportado la desaparición de obras de artistas tan importantes como Monet, Goya, Cézanne, Degas o Renoir. En total, la base de datos registra 4.600 piezas desaparecidas, que incluyen arte religioso, libros antiguos, pinturas y esculturas modernas, y especialmente objetos arqueológicos.

Las autoridades apenas han logrado recuperar el 15% de esos objetos, según calculó Haibe. El robo de este tipo de objetos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico ocupa el tercer lugar (de actividades de tráfico ilegal) a escala mundial después del tráfico de drogas y armas. Sin embargo, el comisario estima que los cálculos sólo dan cuenta de un 10% de lo que en realidad circula en el mercado negro.

Las cifras de la Justicia muestran los límites del Estado para enfrentar el problema. Según el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, a la fecha hay en el país 34 causas judiciales por infracciones al patrimonio cultural y arqueológico en investigación. Y en el sistema de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña, que concentra los casos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, figuran 19 causas abiertas entre 2009 y 2016. Todas con procesos largos que terminan, usualmente, con la prescripción de los casos.

De 1os 9 procesos judiciales sólo tres han llegado hasta la Cámara de Casación Penal. Uno de ellos fue la apelación de un grupo de imputados en tráfico de bienes arqueológicos para evitar la repatriación de las piezas a Perú; la Cámara rechazó sus peticiones y mantuvo la decisión. El segundo, también relacionado con Perú, es el de un hombre que intentó ingresar en la Argentina restos humanos momificados de origen precolombino y apelaba para un cambio de calificación de su delito, pero la Cámara también rechazó sus pretensiones y la momia fue devuelta a Perú. El último era el de un influyente acusado cuya defensa solicitaba que el caso fuera investigado en Buenos Aires y no en Córdoba; pero tampoco obtuvo una decisión positiva.

EL LADO OSCURO

El tráfico de patrimonio cultural se acentúa en la Argentina porque se trata de un negocio que involucra a una amplia gama de actores, desde anticuarios y coleccionistas particulares hasta sacerdotes y personajes con importantes conexiones políticas.

Hay muchos coleccionistas, muchos más de los que registran sus colecciones desde que está la nueva ley (la número 25.743, de 2003). Son personas que tienen un determinado tipo de poder económico o político y con grandes relaciones en las provincias.

La Justicia argentina investiga a Cristina Fernández de Kirchner y a uno de los principales empresarios del kirchnerismo con el lado oscuro del coleccionismo, Lázaro Báez.