Nota de Tapa

Educación Sexual

El proyecto para reformar la ley de Educación Sexual Integral generó temor y malestar. A una década de su implementación, aún no se logró su eficaz aplicación. Existen hoy dos fuertes posturas contrapuestas entre quienes están a favor y en contra. La opinión de los dos frentes.

La nueva grieta

No es ninguna novedad que Argentina se encuentre sumida en una profunda grieta política, que separa a los ciudadanos que están a favor o en contra de este o aquél gobierno. Sin embargo, no es la única grieta que separa a los argentinos. Hace poco lo fue el debate por la implementación del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El rechazo en el Congreso significó una calma aparente entre los llamados pañuelos verdes y pañuelos celestes, que se volcaron a rearmar sus estrategias de lucha. Parecía el regreso de la calma que había alterado a todo el país. Sin embargo, unas semanas después, otra grieta, la menos pensada, rompió con esa paz ficticia.

La posible reforma de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) volvió a movilizar a unos y otros, y abrió una grieta más significativa aún. Muchos de los que se habían mantenido al margen de otras cuestiones polémicas, rápidamente tomaron partido por uno u otro sector. El movimiento “Con mis hijos no te metas”, creado por quienes están en contra de la reforma a la ley, arremetió a través de una fuerte campaña en las redes sociales, movilizando a padres, conminándolos a tomar partido, a expresarse, exponiendo argumentos que, a su entender, vendrían a destruir a las familias, ya que los padres perderían el derecho a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos.

Desde la vereda del frente, quienes están a favor de las reformas, aseguran que la ESI, defiende el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la información y a los derechos sexuales y reproductivos. Promueve saberes para la toma de decisiones conscientes y críticas, en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la prevención y reconocimiento del abuso sexual, de posibles problemas relacionados con la salud y la erradicación de la violencia de género.

INICIOS

Pero, para entender de qué se trata todo esto, hay que volver la vista atrás, a principios de este siglo. En 2004 se produjo en la Ciudad de Buenos Aires el primer debate concreto sobre un proyecto de Ley de Educación Sexual Integral, el proyecto avanzaba no solamente sobre la obligatoriedad sino también sobre enfoques y contenidos de la ESI. Hubo fuertes debates, presencia de estudiantes de escuelas católicas en el recinto de la Legislatura y en las calles, presiones de todo tipo, rupturas y debates que también llegaron al seno del espacio que gobernaba la ciudad. Faltaron acuerdos y faltó política. El resultado negativo de la votación dejó como enseñanza que la “mejor ley” es la ley votable y que el mejor ámbito donde discutir los alcances y contenidos debería ser el área de gestión educativa y no el legislativo.

Así, en 2006 se vota y sanciona la ley 26.150 de ESI, un instrumento legislativo corto y no programático ya que, en su articulado, estableció que el Ministerio de Educación de la Nación debía convocar a una comisión de especialistas para abonar a la producción de los lineamientos curriculares a votarse en el Consejo Federal y debía crear el Programa Nacional de ESI. En el mismo año se vota la Ley 2.110 de ESI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según lo establecido por la 26.150, a inicios de 2007 se constituye una comisión de especialistas : investigadoras de trayectoria en temas afines, educadores de educación privada confesional (protestantes, católica y judía) y autoridades del Ministerio. La tarea prevista para tres meses se extendió a casi seis. Las discusiones fueron arduas y extensas, hubo sucesivas concesiones y reformulaciones ya que predominaba la intención de construir un documento común que reuniera las diferentes miradas. Y estuvo muy cerca de lograrse, pero en el último tramo de las discusiones las representantes del Consejo Superior de Educación Católica Argentina (CONSUDEC) y de la Universidad Católica Argentina (UCA) rechazaron el documento consensuado y propusieron otro texto.

EL DISENSO

Los dos ejes centrales del disenso se referían a la relación familia-Estado y a la categoría “género”. Sin embargo, las autoridades definieron que el documento producido por los debates de casi seis meses era lo suficientemente abarcativo y respetuoso de las diferentes miradas como para constituirse en la base de la elaboración de los lineamientos curriculares, que se votaron en 2008.

A estas alturas, resulta evidente que los lineamientos fueron también producto de diferentes discusiones y miradas; el enfoque de género, las disidencias sexuales o el aborto se mencionan escasamente; sin embargo, varios ministros de provincias expresaron fuertes desacuerdos.

El Programa Nacional comienza también a trabajar en 2008. Una de sus primeras producciones fue la compilación, en 2009, de una serie de artículos para apoyar a docentes que estaban a cargo de capacitaciones. El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, denunció en el material la “inspiración neomarxista” , “reduccionista” (porque no considera al amor como el motor central) y “constructivista” (porque no reconoce el orden natural de los actos humanos, incluyendo la perspectiva de género). Sin embargo, la respuesta del Ministerio fue contundente. El entonces ministro Alberto Sileoni afirmó que “para este Ministerio la ley no es una opinión, sino una disposición normativa que da la sociedad y hay que cumplir”.

Sin embargo, a la fecha, sólo Catamarca, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz adhirieron a la norma. Mientras que Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen leyes propias.

Recién en 2015 la perspectiva de la ESI fue incluida en los planes de estudio de los profesorados destinados al nivel secundario y superior, con escasas dos horas cátedra semanales. Y la experiencia recién está comenzando en algunas instituciones formadoras.