Judiciales

Cuadernos K en Taco Pozo

Carlos Stornelli recibirá una denuncia contra el intendente Carlos Ibáñez por ser parte del financiamiento espurio de la política nacional. Antes de ser intendente, Ibáñez fue diputado provincial. “Acá llegaron los bolsos de José López” sentencia la diputada Ana María Canata señalando al hombre fuerte de Taco Pozo como nexo entre el secretario de Obras Públicas de la Nación y el ex ministro de Infraestructura de la provincia del Chaco.

El intendente y sus secuaces, poseen una flota de autos a su nombre que incluye 4×4 y camiones IVECO. Según la denuncia, Carlos Antonio Ibáñez habría amasado una considerable fortuna, derivada en un entramado de negocios privados y públicos que involucraría a familiares, resulta que sería propietario de inmuebles en Resistencia, Sáenz Peña, varias extensiones de campo, 18 camionetas y 8 camiones de los cuales la mitad estarían alquilados a Vialidad Provincial y vinculados a la constructora Tridelta S.A.

El intendente de Taco Pozo, se encuentra complicado tras las denuncias en su contra y citaciones ante la justicia federal. El mismo ubicó a su hijo en el Consejo Superior de la UNCAUS. El automóvil dominio INK463 que maneja el rector de la misma, pertenece a Alejandro Carlos Ibáñez, hijo del intendente que integra la estructura universitaria.

Tridelta S.A., la empresa constructora que apadrinó Judis y que ganaba las licitaciones, figuraba, según el edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia del Chaco del lunes 11 de abril del 2011, en la ruta 16 en el kilómetro 491,5. Allí no hay nada. Sólo la ruta. Es el ingreso al pueblo Taco Pozo. Para llegar allí, la ruta 16 se adentra en Santiago del Estero y luego regresa al Chaco. El pueblo lo gobierna Carlos Ibáñez. El hijo del intendente es socio del empresario Nelson Jorge Varela, señalado como uno de los testaferros de Judis. En el 2014, Varela facturó 181 mil pesos por movimiento de suelos en La Clotilde. Ese fue uno de los pueblos elegidos por Judis en su proyecto de saneamientos que encaró cuando estuvo en el Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de sus escasos habitantes, el intendente mandó a construir una peatonal en Taco Pozo.

El fantasma de los cuadernos de Centeno y los viajes constantes de José López al Chaco aparece en Taco Pozo. El Chaco recibió 450 millones de pesos para construir viviendas en el programa Sueños Compartidos a través de la Fundación de Hebe de Bonafini. López se manejaba directamente con el gobernador Capitanich.

Todos los procesados por la estafa en la UNCAUS comparten los mismos abogados defensores. Uno de ellos, Jorge Alcántara, ex fiscal, fue asesor jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en la época en que Judis la dirigía y se había mudado a Buenos Aires acompañando al jefe de gabinete Jorge Capitanich.

La familia Judis armó una fundación para girar fondos públicos de la Universidad. A través de facturas con la leyenda “Aportes Institucionales” desvió $36.874.286. Tres días antes de la Navidad del 2015, luego del cambio del gobierno nacional, Omar Judis autorizó el pago de 700 mil pesos al Ministerio de Salud chaqueño para “acompañar acciones y trabajar de datos y determinación del impacto en la población” de forma directa. La plata la recibió la médica Natalia Judis. Su hija. Además, por la resolución 260/150, Natalia fue nombrada directora de la Unidad Médica Educativa de la universidad en la que su padre es el rector.

Carlos Ibáñez fue citado por el juez Bonadío a Comodoro Py, para ser indagado por el magistrado en una causa que trata de determinar si hubo irregularidades en la concreción de obras a las que se destinaron en todo el país más de 600 millones de pesos.

ANTECEDENTES DE LA CORRUPCIÓN

Vale la pena mencionar que el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, fue denunciado con antelación en 2015 y en ese entonces se comentaba que figuraba como socio propietario de la empresa constructora Tridelta S.A, firma proveedora del gobierno de Chaco, adjudicataria de varias obras públicas entre ellas la construcción del estadio Uncaus Arena en Presidencia Roque Sáenz Peña y la adjudicación en 2014, mediante procedimiento irregular, del nuevo edificio legislativo. A fines de 2014 el vicepresidente segundo de la Legislatura chaqueña, el radical Luis Verdún, había presentado un proyecto de ley en el que manifestaba su preocupación por la venta ilegal de ketamina que investigaba el juez Carlos Skidelsky. La inquietud del legislador surgió a raíz de que en el tráfico de ketamina estaría involucrada la empresa Tridelta SA.