Nota de Tapa

Registros del horror

Mientras los internos del penal federal de Colonia Pinto presentaron hábeas corpus masivos reclamando mejoras en las condiciones carcelarias, el “Registro Anual de Casos de Torturas” admitió la existencia de malos tratos, torturas y otras deficiencias. Un informe que desnuda el lado más oscuro del sistema penitenciario.

El tucumano Juan Figueroa tenía 40 años. Había sido detenido en Salta por una causa ligada al tráfico de estupefacientes y estaba alojado en el Penal Federal de Colonia Pinto, desde donde fue trasladado al hospital Regional Ramón Carrillo. El último sábado de septiembre fue hallado sin vida en uno de los baños del nosocomio, lugar que habría elegido para ahorcarse. La noticia corrió como un reguero de pólvora entre los internos de la cárcel y provocó un profundo malestar entre los hombres que pasan sus días tras las rejas del penal.

Para los detenidos, la muerte habría sido producto de las excesivas medidas de seguridad aplicadas por la directora de una Unidad Penal Nº 35, la subprefecta Mariela Esther Moreira, quien, a principios de enero, se convirtió en la primera mujer en encabezar la dirección de una Unidad Penal Federal. Con tal argumento, los presos iniciaron una huelga de brazos caídos, que implica la no realización de ningún tipo de trabajo dentro de la unidad, y exigiendo la destitución de la funcionaria.

El paso siguiente fue la presentación masiva de hábeas corpus ante la Justicia Federal, reclamando mejoras en las condiciones de detención de los más de 160 detenidos en el penal y la reformulación de las medidas disciplinarias aplicadas por la subprefecta Moreira. La presentación fue realizada entre el jueves 4 y el viernes 5 de octubre, con el patrocinio de las defensoras oficiales María Angelina Bossini y Silvia Abalovich. Ante ello, los fiscales federales Federico Bothamley y Abelardo Basbús, se presentaron en la unidad penal para conocer personalmente la situación planteada por los reclusos.

No obstante, pese a la presencia de las autoridades de la justicia federal, los reclusos iniciaron una huelga de hambre, y el malestar se extendió durante el primer fin de semana de octubre. El lunes 8, los ánimos se habrían caldeado aún más, ante lo cual, la directora habría requerido la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional para tratar de descomprimir la situación. Sin embargo, la irrupción de las fuerzas de seguridad sólo habría provocado mayor resistencia entre los reclusos.

Los familiares de los detenidos que estuvieron en el lugar relataron que se vivieron horas de tensión, que incluyeron quemas de colchones, provocando una densa columna de humo desde el interior de los pabellones.
No obstante, con el correr de las horas, la calma fue retornando a los pabellones del penal de Colonia Pinto.

REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE TORTURA

Pero, ¿qué ocurrió en la cárcel? ¿Qué reclamaban los internos? ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron los hábeas corpus, las huelgas y la posterior represión?

Las causas de las protestas y la tensión serían, además del pedido de destitución de la jefa de la Unidad Carcelaria, malos tratos, torturas, irregularidades en la alimentación, malos tratos, falta de médicos permanentes, agua con arsénico y otras irregularidades.

Tales reclamos podrían haber sido catalogados como una mera falacia, o una mentira más de delincuentes que están tras las rejas y sólo buscan su beneficio personal, sin embargo, el Informe Anual del “Registro Nacional de Casos de Tortura” determinó que, durante 2017, se registraron 59 víctimas de malos tratos y tortura en la Unidad N° 35 del Servicio Penitenciario Federal.

Estas 59 víctimas describieron 152 hechos de malos tratos y tortura, lo que implica un promedio de más de 2 situaciones combinadas por persona. Las frecuencias más altas se registraron para los siguientes tipos: malas condiciones materiales (56 hechos), falta y/o deficiente alimentación (23 hechos), falta y/o deficiente asistencia a la salud (22 hechos) y Requisa Personal Vejatoria (15 hechos).

El informe fue realizado en el marco de un trabajo interinstitucional de monitoreo e inspección de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios sobre sistema penal y Derechos Humanos (GESPyDH).