Nota de Tapa

Des-Control de Armas

Por qué la transformación del RENAR en la ANMAC esconde una trampa y qué pasó para que el Plan de Desarme no sea hoy prioridad de los diputados en el Congreso de la Nación. Esto sucede a pesar de que la inseguridad está al tope de las preocupaciones de los argentinos.

Es la mañana del 12 de agosto y la planta siderúrgica de Tenaris Siderca, en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, se convierte en el escenario de una ceremonia infrecuente. Al lado de una montaña de chatarra y no muy lejos de un gigantesco horno fundidor, el escuadrón Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Nacional, custodia 33 cajones de madera barata. Los soldados, que cargan ametralladoras, visten chalecos antibala y llevan el rostro cubierto, miran de reojo la llegada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y de una comitiva que incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; a la directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Natalia Gambaro; además de capitanes, comisarios y autoridades de distintas fuerzas de seguridad.

Es una mañana ventosa y no hay más de dos o tres periodistas en la siderurgia, pero buena parte de la plana mayor de los responsables de la seguridad del país se han reunido aquí, a 65 kilómetros de la Casa de Gobierno, porque los 33 cajones de madera contienen un botín preciado de 25 mil pistolas, revólveres, escopetas y ametralladoras. Este arsenal llegó desde el depósito de armas más grande del país -el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC)-, y está a punto de ser destruido. Es, a fin de cuentas, una ceremonia infrecuente para contribuir con el exorcismo de un viejo mal: la violencia armada.

Entre los funcionarios y los capitanes se pasea también Adrián Marcenac. Su hijo Alfredo fue asesinado el 6 de julio de 2006, cuando iba caminando por la avenida Cabildo con dos amigos y sin aviso ni explicación recibió tres disparos a mansalva. Diez o quince metros más allá, un joven llamado Martín Ríos había vaciado el cargador de su pistola Bersa Thunder calibre 380 sobre la gente que pasaba. Otras seis personas resultaron heridas. Alfredo Marcenac, que había nacido en Necochea y cursaba su primer año de la carrera de kinesiología, tenía 18 años.

Desde entonces, Adrián Marcenac, su padre, cambió de vida: dejó de ser un anónimo ingeniero agrónomo y creó la Asociación Civil Alfredo Marcenac, impulsó una cátedra abierta en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires -que creció hacia una Diplomatura-, presidió la Red Argentina para el Desarme y se convirtió en una suerte de fiscal de a pie que denuncia incansablemente el descontrol de las armas de fuego. Su presencia al lado de las 33 cajas repletas de pistolas y escopetas no es casual: después del asesinato de su hijo, y gracias a la militancia por el desarme de gente como él, se destruyeron 300 mil armas. Antes, entre 1992 y 2002, sólo 40 mil habían pasado por el molino triturador.

“Detrás de cada arma hay quizás una muerte que se evita”, decía Marcenac. “Por eso la destrucción es un acto que me conmueve profundamente. Siempre que pude, acompañé este tipo de eventos”.

Justo entonces, una grúa comienza a levantar una por una las 33 cajas de madera y a colocarlas en la cinta transportadora. Las pistolas y los revólveres, las escopetas y las ametralladoras pasan por el molino: el ruido de su pulverización se oye como un estruendo continuado. Un rato después salen hacia otra cinta en forma de partículas pequeñas. No miden más de una pulgada. Los funcionarios observan el paso de la chatarra en busca de alguna pieza entera, y después un imán separa el hierro de la madera y del plástico que alguna vez tuvieron las armas. El proceso lleva una hora. Por fin, el hierro entra en los hornos y el calor infernal transforma la chatarra en materia prima para la fabricación de acero.

De las 25 mil armas se obtienen doce toneladas de acero aleado, un acero de calidad inferior que no se puede utilizar en grandes cantidades para la producción del acero último: en su viaje final, las armas pierden su oscura aura y su valor monetario. Desaparecen como polvo entre las llamas. Las autoridades de la ANMAC esperan repetir esta ceremonia al menos dos veces cada año.

Sin embargo, el control de los gatillos en la Argentina sigue siendo una pregunta abierta. La cuestión se ha convertido casi en un tabú: el debate se empantana porque para evaluar su realidad y para ordenar la destrucción de pistolas y rifles hace falta un conocimiento del campo y una libertad de acción que no existen o no están lo suficientemente articulados, y que definitivamente no están a un alcance sencillo de un ciudadano cualquiera que se interese en el tema.

En 2007, justo cuando comenzó a discutirse públicamente un plan de desarme civil, el Registro Nacional de Armas (RENAR) dejó de publicar estadísticas sin dar ninguna explicación, y los números fueron escatimados durante casi una década. Recién ahora la ANMAC ofrece nuevos datos públicos: hay 1.541.497 armas registradas en la Argentina; 979.508 usuarios registrados; cuatro fábricas de armas (entre las que sobresale Bersa SA); 74.983 armas fabricadas entre enero y agosto de 2016; 13.940 armas importadas en el mismo período; y 45.836 armas exportadas, también en este período. La propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil, que hay cuatro millones. Es casi absoluto el paso de blanco al negro: la gran mayoría de las armas son fabricadas legalmente y en algún momento de su vida útil evaden el control del Estado. La ANMAC tiene apenas 20 inspectores para registrar 14 mil objetivos a lo largo del país, entre los que hay fábricas de armas, armerías, depósitos de armas y de explosivos, cotos de caza, recintos y vehículos blindados, explosiones de minería, perforaciones petroleras y usuarios individuales.

Mientras tanto, hay otro dato ineludible: la cantidad de muertos por armas de fuego en la Argentina. Según los últimos recuentos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2017 cayeron 3.981 personas; es decir, ocho por día.

El informe firmado por Diego Fleitas, sociólogo y abogado, actual director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad en el Ministerio de Seguridad, dice que entre 1997 y 2015 ocurrieron 51.674 muertes con armas de fuego: 38.002 homicidios y 13.672 suicidios. Esto da un promedio de 6,5 asesinatos por día. En 2013, el 71,1% de los homicidios habían sido cometidos con armas de fuego. Según un estudio de la Universidad Nacional de Lanús, esto es más que los fallecimientos que provocaron el SIDA, la tuberculosis, la leucemia o la meningitis.

Fleitas había citado que, en los homicidios en ocasión de robo, la portación de armas de parte de las víctimas puede agravar el resultado. Un informe basado en expedientes judiciales en la ciudad de Buenos Aires señala en 2002 que un 43% de las víctimas estaban armadas. Otro trabajo dice que un 81% de los policías que se resistieron a un robo estando fuera de servicio han sido asesinados.

Los suicidios se llevan a cabo con armas en un porcentaje bajo: un 17,1% de los suicidas las usaron en 2017. Sin embargo, según Fleitas, “la presencia de armas de fuego en el hogar es considerado un factor de riesgo para los suicidios, en particular los de tipo impulsivo”.

La transformación del antiguo Registro Nacional de Armas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) cambió por completo el panorama en nuestro país.