Judiciales

Dr. Eduardo Vittar, vocal de Cámara “Los fueros son irrenunciables”

Un vocal de la Cámara de Apelaciones y Control y del Tribunal de Alzada analiza la aplicación y alcances de este privilegio que beneficia a jueces, diputados y senadores. El pedido de desafuero de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso el debate en torno a la aplicación de dicho instrumento jurídico. Para entender de qué se trata, sus alcances y todo lo que significa el proceso para desaforar a una persona, el Dr. Eduardo Vittar, vocal de la Cámara de Apelaciones y Control y del Tribunal de Alzada en lo Penal, realiza un análisis de la situación.

-En principio, ¿qué es un fuero?

-Un fuero es un conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza una persona ante el ejercicio de una magistratura, cargo de funcionario o parlamentario, con el fin de asegurar el libre desenvolvimiento de sus funciones.

-¿Cómo se origina este instrumento jurídico?

-Los fueros nacieron hace varios siglos en el Parlamento inglés, ámbito en que se los propuso como la única herramienta que permitiría a los legisladores salvarse del despotismo del rey, al tiempo que les permitía expresarse con total libertad.

Con el paso del tiempo, esta prerrogativa llegó al continente americano, instalándose en el sistema republicano. En nuestro país, lo relativo a estos privilegios se encuentra establecido en los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, buscando asegurar la libertad de expresión y la inmunidad de arresto.

-En la actualidad, ¿de qué manera garantizan la inmunidad de los parlamentarios y jueces?

-Si bien en su origen, los fueros eran destinados para proteger a los parlamentarios, actualmente alcanzan a legisladores, funcionarios y magistrados de todo el país. Los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional son los que hacen expresa referencia a los fueros, garantizando a las personas que posean un cargo, elegidos democráticamente cumpliendo funciones como senadores, diputados y magistrados puedan ser acusados, interrogados judicialmente. Ningún senador o diputado podría ser arrestado desde el día de su asunción hasta el cese de su mandato salvo en circunstancias muy particulares. Lo establecido en la Constitución Nacional también se encuentra reflejado en nuestra Carta Magna provincial.