Nota de Tapa

Dueños de la justicia

Según las estadísticas, en Argentina se destituye un juez por año, por mal desempeño de sus funciones. ¿Cómo se juzga la justicia a sí misma? Un análisis sobre el control de quienes deben aplicar la ley y no siempre lo hacen. El aporte de voces calificadas.

Delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Abusadores sexuales condenados, pero que aún así están en libertad, y vuelven a cometer violaciones terribles. Delitos aberrantes con sentencias consideradas insuficientes. Jueces que no proceden con todo el peso de la ley. Jueces que se quedan con vueltos. Jueces coimeros. Jueces que no hacen esto o aquello. Jueces que permiten que suceda esto o lo otro. Jueces malos. Jueces ineficientes. Jueces que parecieran no conocer el Derecho. Jueces deshonestos. Jueces que prefieren renunciar antes de aceptar que fueron culpables de sus acciones u omisiones. Jueces protagonistas de hechos que la historia preferiría olvidar. Lamentablemente, en los últimos años, ellos, los magistrados, se convirtieron en denominador de una justicia cuestionada.

Por supuesto que no son todos. De hecho, son una minoría dentro del Poder Judicial, pero las acusaciones en su contra suelen ser tan graves que terminan contaminando a todos sus pares y poniendo en la mira a todos los magistrados. “Pagan justos por pecadores”, definió un funcionario judicial. Y tiene razón, de los jueces buenos, los que dictan sentencia conforme al Derecho, los que cumplen a rajatabla con su misión, no se habla. No son los menos, pero como su trabajo no está en la mira, siguen dando batalla en silencio, desempeñando su función casi anónimamente. Ellos no son noticia.

La noticia son los otros, los malos jueces, los que permanentemente están en el ojo de la tormenta, los que son acusados de hacer esto o, lo que a veces es peor, no hacerlo. Los nombres de malos jueces pueden multiplicarse a lo largo y ancho del país. Desde los miembros de la Suprema Corte cuestionados hasta los jueces de Paz de los rincones más inhóspitos.

FUERO PENAL

Santiago del Estero no es una isla y aquí también hubo magistrados severamente cuestionados. Los casos más recientes tienen que ver con jueces de Crimen, el costado judicial que más duele a la sociedad toda.

El 2 de diciembre del año pasado, un jurado de enjuiciamiento removió al Dr. Osvaldo Pérez Roberti del cargo de Vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que ejercía, inhabilitándolo -según lo establece el art. 200 de la Constitución de Santiago del Estero- por considerar que incurrió en dos causales de destitución, como el mal desempeño y desconocimiento inexcusable del Derecho al conceder permisos de salida transitorios de la cárcel a un condenado, Federico Guardo. En el dictamen que destituyó al camarista, se destaca la “evidente desproporcionalidad existente entre las sistemáticas y sucesivas ampliaciones concedidas, las motivaciones inconsistentes que el magistrado brinda”. Además de ello, se hace hincapié en que “actuó en absoluta soledad”, es decir, unilateralmente, cuando las decisiones en cuestión hubieran requerido la intervención, mínimamente, del Tribunal.

Un par de meses antes, los jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, renunciaron a sus cargos tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra. Con anterioridad a las dimisiones, los magistrados fueron suspendidos en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia. Días después fueron detenidos y, aunque actualmente gozan de la libertad bajo fianza, están procesados como supuestos autores de defraudación calificada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.