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Más trabajadores santiagueños explotados en la cosecha

Se investiga cómo trata de personas la explotación de 23 trabajadores rurales en un campo dedicado a la cosecha de papas. Vivían hacinados en micros escolares. La vulnerabilidad de los trabajadores fue aprovechada para imponer un régimen laboral irreconciliable con la dignidad humana.


Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal respecto a un predio ubicado en el Partido de General Belgrano, en la Provincia de Buenos Aires. Allí, los trabajadores rurales dormían hacinados en micros escolares, no contaban con agua potable, ni baños ni energía eléctrica. Los magistrados consideraron que el hecho no puede interpretarse como una infracción al régimen laboral y, por el contrario, destacaron que se vio afectada la libertad y la dignidad de las víctimas.

Veintitrés trabajadores (tres oriundos de Balcarce y veinte de Santiago del Estero) fueron recibidos en el campo San José para la cosecha de papa, en el Partido de General Belgrano, ubicado al este de Chascomús. Dormían hacinados en cuchetas dispuestas en micros escolares varados en el medio del campo, sin ventilación, a pleno rayo del sol. Los baños eran pozos en la tierra, y se duchaban cómo podían con palanganas y jarritos, y agua fría, que escaseaba. Cumplían jornadas laborales desde las 4 hasta las 22, sin francos pagos. “La vulnerabilidad de los trabajadores fue aprovechada por los imputados para imponer un régimen laboral irreconciliable con la dignidad humana, con el único objetivo de obtener un provecho económico mayor”, sostuvo la Cámara Federal de Casación Penal al hacer lugar un recurso interpuesto por el fiscal general Daniel Adler, quien objetó una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había sobreseído a los dos imputados de la causa por entender que no había delito de trata de personas, sino simplemente incumplimiento de leyes laborales agrarias.

INTERPRETACIÓN PARCIAL

Para el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación se había realizado una interpretación parcial y fraccionada de la prueba reunida en la causa, dijo que el caso excedía una violación a las leyes laborales y enumeró elementos fácticos que – a su juicio- permitían configurar el delito de trata: la gran cantidad de trabajadores, la forma de contacto para el inicio de las tareas, la falta de registración laboral, la forma de cobro del salario siempre en expectativa, y las largas jornadas laborales, todo ello en directa incidencia en la afectación de la libertad de las personas. Además, indicó que estaba probado el alojamiento (acogimiento) en condiciones precarias y con riesgo para la salud. Y a ello sumó el cuadro de vulnerabilidad que atravesaban las víctimas, de precaria condición socio-económica. “Los trabajadores se encontraban sometidos a un camuflado pero rígido sistema de explotación, que excede abiertamente ‘incumplimientos laborales’”, sostuvo Adler.