Nota de Tapa

Justicia injusta

La conmoción que generó el crimen de Micaela García centró la mirada de la sociedad en el rol de los jueces a la hora de conceder la libertad condicional. Los magistrados garantistas. Los casos que sacudieron a Santiago del Estero por la aplicación de criterios “moderados”.


Durante una semana, las redes sociales se inundaron con su fotografía. En todas se veía a una joven con una sonrisa inmensa, feliz, comprometida. Estaba desaparecida. Aunque al principio, algunos –que seguían la búsqueda desde afuera, no su familia ni sus amigos que sabían que ella jamás se hubiese ido sin avisar- especulaban con que podía estar con algún noviecito.
Muchos otros sospechaban que había algo más. Aunque lo presentían, no dejaban de esperanzarse con el reencuentro. Sin embargo, las esperanzas se diluyeron cuando un cuerpo en estado de descomposición apareció a la vera de un camino. Ya no había dudas, Micaela García había sido asesinada.

La autopsia dice que murió asfixiada y la investigación judicial apunta como principal sospechoso a Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que tenía dos condenas por violación pero había salido de prisión por decisión de un juez.

De pronto, todo ese estupor inicial por la suerte trágica de la jovencita de 18 años, se transformó en dolor, en bronca, en impotencia, en rabia contenida, en marchas a lo largo del todo del país. La fotografía de Micaela –otra vez con su cara sonriente- exhibiendo orgullosa una remera con la leyenda “Ni una menos” se multiplicó e inundó las pantallas y todos los medios de comunicación. Ella, una jovencita, que militaba en el Movimiento Evita, que luchaba por sus ideales, que no quería que hubiese ninguna víctima más de femicidios se convirtió en otra más de esa fatídica lista, que tiene a la muerte como corolario de la violencia extrema. Ella, que soñaba con ni una menos es hoy una más.

EL BENEFICIO

Hay un sospechoso. A la luz de las investigaciones, todos los caminos conducen a Sebastián Wagner. Pero no es él sobre quien pesan todas las miradas. Todos los ojos apuntan a la justicia, más específicamente hacia el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, quien dictó la resolución que concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner, en julio de 2016, aún cuando tenía en su haber dos condenas por abuso sexual.

En 2010, Wagner suscribió un acuerdo de juicio abreviado por el que se le impuso una condena de 9 años por dos casos de abuso sexual. Al cumplir dos tercios de la condena, solicitó que la modalidad de detención se transforme en libertad condicional.

El magistrado tomó esta medida haciendo uso del artículo 28 de la Ley de Ejecución Penal (24.660), que dispone que el juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional “al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado para los casos de condenados por delitos sexuales.

La norma estipula también que ese informe “deberá contener los antecedentes de conducta, el concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena”. Este apartado fue incorporado por la última reforma de la Ley de ejecución Penal, introducida por la Ley 26.813, en enero de 2013.