Politica

Entre abusos y mentiras

El presidente Macri reglamentó un artículo de la Ley de Ética Pública relacionado con los regalos que reciben los funcionarios. El abogado Miguel Brevetta Rodríguez le salió al cruce señalando, entre otros aspectos, que se trata de una manera de
“distraer con pequeñeces.

El Gobierno prohibió, hace un par de semanas, a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional recibir regalos de más de 4 mil pesos y ordenó que los de menos valor podrán quedárselos, pero deberán declararlos en un registro que estará on line. Se trata de una nueva medida de transparencia que intenta que las empresas privadas dejen de hacer regalos a los funcionarios. La reglamentación se hizo a través del decreto 1179 del presidente Mauricio Macri en base a una propuesta de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. El decreto regula el artículo 8 de la Ley de Ética Pública, que se sancionó en 1999, durante el último año del gobierno de Carlos Menem.

Pese a que, a simple vista, parece una normativa tendiente a evitar dádivas como contraprestación a favores recibidos, el abogado Miguel Brevetta Rodriguez salió al cruce de la ley, en forma muy crítica. “Nuestra ley de ética pública es un rosario de buenas intenciones pero de imposible aplicación. En nuestro país cuando buscan integrar comisiones de más de tres personas, el proyecto está condenado al naufragio. Obvio, ¿cómo se hace para que coincidan más de tres sobre un mismo tema?”, reflexionó.

La Ley 25.188 de Ética pública, colisiona con la Ley No. 26.097 por la que nuestro país adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, pues “ésta garantiza un órgano encargado de prevenir la corrupción y nuestra Oficina Anticorrupción carece de independencia –la nombra y remueve el Ejecutivo- situación que el Tratado condena severamente”, según lo explicado por Brevetta Rodriguez.
A la vez, indicó que “no se puede andar controlando los regalos o dádivas que puede o no recibir un funcionario público y dejar de investigar negociados extremos que colocan al erario público al borde del colapso”.

Asimismo, se preguntó “¿qué se pretende con estas posturas infantiles? ¿Transparentar lo menos y dejar en descontrol lo más?”. Para el Dr. Brevetta Rodriguez “es indudable que no existe voluntad política para ejercer un contralor con signos de seriedad. Nuestra oficina Anticorrupción es una copia de la de Estados Unidos, pero con una diferencia: allá sus miembros tienen estabilidad con acuerdo del Senado. Aquí a sus miembros, los nombra y remueve el Presidente”.