Nota de Tapa

Destuido

El jurado de enjuiciamiento removió al Dr. Osvaldo Pérez Roberti del cargo de vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, por considerar que incurrió en mal desempeño y desconocimiento inexcusable del Derecho al conceder permisos de salida de la cárcel a Federico Guardo, quien en uno de esos permisos habría asesinado a Paola Anriquez. Las decisiones equivocadas que llevaron a un trágico final.

El 15 de septiembre de 2015, Paola Anriquez falleció en el hospital regional “Ramón Carrillo”, a consecuencia de las graves quemaduras sufridas una semana antes, en una vivienda céntrica. Quizá porque se trataba de una ex presidiaria, condenada a 5 años de prisión por promover la prostitución de dos menores en la ciudad de Bandera, y se encontraba en libertad condicional, nadie pareció preocuparse demasiado. Ni los efectivos de la seccional primera, a cargo de la investigación del presunto accidente, ni tampoco los médicos del nosocomio, informaron al magistrado de turno sobre la muerte de la joven, produciéndose el primer fallo en el sistema de alerta judicial.

De modo tal que la joven fue sepultada en Bandera y su muerte hubiera sido olvidada, de no ser porque el juez de Ejecución Penal, Dr. Rubén Seiler, se enteró y le advirtió “las inusuales circunstancias” que rodeaban el caso al entonces juez de crimen Dr. Ramón Tarchini Saavedra. Tales circunstancias no eran otras que el lugar donde se produjo el accidente, Libertad 210, es propiedad del abogado Carlos Guardo y su esposa Estela Hab. La muchacha vivía en ese lugar porque mantenía una relación con Carlos Federico Guardo, el hijo del letrado, el mismo que fuera condenado a 18 años prisión por haber causado el incendio que mató a su ex novia Silvia Alejandra Chávez y su madre Estela Chavez, el 28 de julio de 2004. Seguramente, al Dr. Seiler consideró que se trataba de un antecedente de peso para determinar los verdaderos causales del deceso de Anriquez

Guardo y Anríquez se conocieron hace aproximadamente tres años, mientras ambos cumplían sus respectivas condenas. Él, estudiante de Abogacía, la habría visto cuando era asistida en el centro de salud que funciona dentro del Penal de Varones, y desde entonces buscó contactarla. Finalmente, logró ubicarla y ambos mantenían largas conversaciones a través de un sistema que intercomunica los penales de Varones y Mujeres, pero nunca llegaron a tener contacto físico. La joven lo vio por primera vez cuando realizaba un curso de paramédico en SEM, ubicado a 50 metros de su casa. Cuando Anríquez logró la libertad condicional, Guardo la llevó a vivir a su casa, en agosto pasado. A principios de septiembre, ella publicó en su cuenta de Facebook que mantenían una relación, aunque a principios de agosto había publicado una foto de Guardo, con un comentario que decía: “Mi señor novio, jajaja, bebote”.

Sin embargo, se supo que hubo al menos un ingreso en la cuenta de la joven para cuando ya había fallecido, por lo que se estima algo que se podría haber modificado. Pero más allá de eso, son varios los testimonios que confirman que ambos compartían la vida en el departamento del segundo piso. Es más, en su cuenta personal, el propio Guardo publicó “En relación con una mujer de verdad”, poniendo el nombre Paola Anriquez y su imagen. Esto lo hizo el 6 de septiembre, dos días antes del “accidente”.
La nueva muerte que involucraba a Guardo causó un verdadero estrépito en tribunales, porque la investigación de Tarchini Saavedra sacó a la luz que, desde principios de año, el condenado por dos muertes gozaba de salidas laborales y solamente iba a pernoctar al penal, aunque algunos días completos podía quedarse en su casa.


CAMARISTAS EN LA MIRA

¿Cómo era posible que Guardo estuviese en libertad si el 3 de julio de 2013 había sido condenado a 18 años de prisión? ¿Por qué dos años después fue involucrado nuevamente en otro femicidio, con el fuego como común denominador? ¿Quién le concedió los permisos para estar fuera de prisión?

De inmediato, todos los cuestionamientos se trasladaron a la Cámara de Juicio Oral de Segunda Nominación, integrada por los Dres. Osvaldo Pérez Roberti (presidente), Federico López Alzogaray y José Guzmán (vocales), la única que podía otorgar las correspondientes autorizaciones para que Guardo estuviera en libertad.

Ante la andanada de reclamos en su contra, los camaristas López Alzogaray y José Guzmán publicaron una “Solicitada” en los diarios locales, en la cual precisaron que, junto a Pérez Roberti firmaron los primeros dos permisos para Guardo, con horarios limitados. Pero afirmaron que “recientemente” se enteraron que Pérez Roberti había otorgado “unilateralmente” varios permisos más e incluso le había ampliado los horarios, permitido realizar trámites libremente e, incluso, viajes para rendir en Tucumán.

Por su parte, Pérez Roberti afirmó que las salidas transitorias fueron concedidas porque “la Constitución habilita que las cárceles deben servir para la readaptación y no para castigo de los delincuentes” y eso fue posible porque Guardo fue condenado por incendio seguido de muerte de Silvia y Estela Chávez, un delito con pena de 8 a 20 años, que permite esos beneficios gracias a los informes positivos del penal de Varones.
También reconoció que a sus colegas “les asiste razón, por no haberles notificado las ampliaciones de beneficios” para el condenado, algo que tampoco hizo con el Ministerio Público Fiscal.