Judiciales

Historia y naturaleza.

No existe mejor fórmula para desentrañar lo complicado que pudiere ofrecer una norma jurídica, que investigar su natu­raleza, determinando el bien jurídico que protege, que es quien da nacimiento a la ley.

El Código Penal de 1921 utilizaba el concepto de “orden público” para referirse al bien que protegía el delito que tratamos, pero más adelante la Ley 21.338 cambió el con­cepto por el de ``tranquilidad pública’’ manteniéndose en la actualidad tras los alcances de la Ley 23.077 y, a estar por su ubicación dentro del ordenamiento sancionador, se en­tiende con claridad que el legislador quiso proteger la paz social por tratarse de un típico delito de peligro.

La naturaleza subjetiva del bien ofendido por los delitos contra la tranquilidad pública, son conforme con la natura­leza de los hechos que lo lesionan. De ello surge que ya no admite dudas la coincidencia doctrinaria y jurisprudencial que determinan con transparencia hacia el lugar en que apunta esta figura delictiva, así Carrara, Soler, Nuñez y Fontán Ba­lestra fueron consecuentes en sus apreciaciones y, sobre estas bases y antecedentes, el criterio pacíficamente coincidente es el mismo que considera que: ``El delito de asociación ilícita pone en peligro el orden social, sin el cual no es posible la convivencia, y vulnera los sentimientos de seguridad y tran­quilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas’’ (CCC.Fed. 29/10/85; LL. 144-287; CCC. Sala I, 14/2/71).

Si echamos un vistazo al articulado que le sigue al Art. 210, que agrava la figura que tratamos, entenderemos sin mayor compli­cación que este delito está dirigido a combatir a verdaderas organizaciones criminales que atentan en contra del orden y la seguridad, pilares de nuestro orden jurídico, es por ello que la ``tranquilidad pública’’ se muestra afectada ante la inminencia de un peligro permanente para su estabilidad.

SCHIARETTI, EL PIONERO

Últimamente, conforme lo refleja la prensa, ciertos jueces vienen recurriendo en reiteradas ocasiones, en causas atípicas, a la aplicación abusiva de esta grave figura, con el solo propósito de impedir que los imputados fuesen puestos en libertad. En nuestra provincia, Santiago del Estero, no fueron pocas las veces que magistrados obedientes y dependientes del poder de turno, echaron mano indiscriminadamente, al art. 210, sabiendo de antemano que, a posterior, cualquier Tribunal de Alzada revocaría la calificación por tornarse atípica e improcedente.

El controvertido Juan Schiaretti, en su época de interventor de la provincia, se constituyó en el pionero en la aplicación de esta figura, al ordenar la detención de la totalidad del gabinete provincial del entonces gobernador Carlos Mujica en el caso archi conocido como: “Contrato de Publicidad”, en el que todos los jueces, de todas las instancias en aquel momento, miraban para otra parte, cuando se les recriminaba públicamente que estaban incurriendo en el “manoseo” de sus propios actos, haciendo caso omiso a las apelaciones y a la crítica de la prensa, por haber caído en tamaño desatino, ello es imputar de Asociación Ilícita a un hecho político resuelto en reunión de gabinete.